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Las diferencias entre las democracias y las dictaduras
 / ON 04/11/2014 AT 10:30 AM /
Tanto Fidel Castro como Hugo Chávez si ocultaron sus reales intenciones antes de asumir el poder y durante un breve tiempo mientras lograban el control total del Estado.

Los requisitos esenciales para calificar a un régimen político como democrático: las diferencias sustantivas entre las democracias y las dictaduras

Henrique Meier / 


“La democracia perfecta no puede existir o, de hecho no ha existido nunca”, Norberto Bobbio


Para calificar como democracia a un régimen político, lo que incluye al Estado, el gobierno, las instituciones políticas y la sociedad, se requiere la existencia real, efectiva, no meramente formal, de unos elementos básicos o mínimos. Según Bobbio esos requisitos, prescindiendo de la axiología constitucional formal y del discurso del poder[1], son los siguientes, a saber:

“…garantía de los principales derechos de libertad, existencia de varios partidos en competencia, elecciones periódicas y sufragio universal, decisiones colectivas concertadas (en las democracias coasociativas o en el sistema neocorporativo) o tomadas con base en el principio de mayoría, de cualquier manera siempre después del debate libre entre las partes o entre los aliados de una determinada coalición de gobierno. Existen democracias más sólidas, o menos sólidas, más vulnerables o menos vulnerables, hay diversos grados de aproximación al modelo liberal, pero aun la más alejada del modelo no puede ser de ninguna manera confundida con un Estado autocrático y mucho menos con uno totalitario”[2].

Por su parte, la Carta Democrática Interamericana, suscrita por los Estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) el 11 de septiembre de 2001, expresa los elementos mínimos de la “democracia representativa”, que coinciden con el planteamiento de Bobbio:

“…son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, justas y libres basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos”(Art.3)

Actualmente, y como lo establece implícitamente el citado artículo de la Carta Democrática Interamericana, se diferencia a los regímenes autoritarios de los democráticos conforme a dos categorías de legitimidad:

1) La “legitimidad de origen”
Como lo indica el vocablo, la forma cómo las autoridades fundamentales del Estado asumen la titularidad del poder estatal, diferencian a las democracias de los sistemas autoritarios (dictaduras, totalitarismos)[3].

En los regímenes políticos democráticos el acceso a tal poder (poderes públicos) debe realizarse mediante la elección de los poderes ejecutivos y legislativos o deliberantes[4] por parte del cuerpo electoral de la nación y demás entidades político-territoriales (ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos: consulta popular) de acuerdo a normas, sistemas y procedimientos que garanticen elecciones libres, imparciales y justas, y por tanto, el principio de la alternabilidad en el poder en la conformación institucional del Estado.

Por el contrario, en los sistemas autoritarios: dictaduras, totalitarismos, la asunción, ejercicio y control del poder se lleva a cabo generalmente empleando la coacción y la violencia en sus diversas formas: golpes de Estado, usualmente protagonizados por militares, por ejemplo, el Golpe de 1948 en Venezuela ejecutado por Pérez Jiménez, Llovera Páez y Delgado Chalbaud, el de Pinochet en Chile en 1973; revoluciones armadas, tales como la Revolución bolchevique en Rusia en 1917 y la Revolución cubana en 1959; la inculcación ideológica por medio del lavado de cerebro controlando el sistema educativo y los medios de comunicación social; la represión, el terrorismo estatal, para la consolidación y conservación del poder criminalizando la disidencia, encarcelando y torturando a los disidentes (campos de concentración y exterminio).

Una dictadura puede “aparentar” legitimidad democrática de origen convocando en forma periódica la consulta popular, pero impidiendo que esa consulta la dirija una entidad o tribunal electoral autónomo, imparcial e independiente, y plagando los procedimientos e instituciones electorales de vicios inocultables para manipular a su favor la supuesta “voluntad popular”: registros electorales fraudulentos, amenazas de despido a los funcionarios públicos que voten por la “oposición”, amenazas de una guerra civil si la “oposición” obtiene la mayoría de los sufragios, movilización de los recursos del poder a favor de los candidatos oficialistas, manipulación de encuestas, etc. Tal el caso de la Venezuela de estos tiempos[5].

O pura y simplemente, una simulación cínica de elecciones en las que sólo participan como candidatos a los cuerpos deliberantes miembros del partido único de Estado (partido comunista), previamente seleccionados por voluntad del primer secretario de dicho partido y jefe del Estado (Cuba, por ejemplo, Art. 5 de la Constitución: “El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado…). Al respecto, Fernando Mires expresa:

“No puede haber, por supuesto, democracia sin elecciones periódicas. Ese es un principio aceptado por la gran mayoría de los pensadores políticos. Pero las elecciones periódicas, por sí solas, no constituyen la democracia. Mucho menos los plebiscitos y los referendos. Plebiscitos y referendos han sido medios de los que se han valido muchas dictaduras para perpetuarse en el poder, modificando la constitución por ‘aclamación electoral’ cada vez que el jefe supremo lo considera necesario. Las elecciones pueden ser convertidas en medios de legitimación dictatorial, si es que quienes detentan el poder estatal logran apropiarse del aparato electoral. Ocurrió en Irak, ocurrió en las ‘democracias populares’ de Europa del Este, ocurre en Siria, y hoy ocurre en Bielorrusia. En Venezuela hay muchos indicios que apuntan hacia el control gubernamental del aparto electoral… Ese control puede ocurrir y está ocurriendo en Venezuela, por medio de cuatro vías. La primera es la hegemonía comunicacional, propiciada entre otros, por el Ministro Andrés Izarra. En buen español, eso significa, control estatal de los medios de comunicación. La segunda vía es tecnológica: la utilización de máquinas ‘captahuellas’ en el acto del voto. Ese procedimiento amedrenta a cualquier votante que debe mantener una familia, y teme que su voto pueda quedar registrado en algunas de las actas computacionales. La tercera vía, es la presión sobre los votantes en los centros de trabajo, incluyendo las amenazas de despido para quienes voten en contra del candidato oficial. Ese mecanismo se encuentra testificado en Venezuela en el discurso pronunciado por el Ministro de Energía, Rafael Ramírez, ante los trabajadores del petróleo poco antes de las elecciones de diciembre de 2006. Por último, el medio más falaz de todos: hacer circular listas oficiales de opositores al régimen, como ocurrió en Venezuela con la famosa lista confeccionada por el diputado oficialista Luis Tascón”[6].

A esas vías que el brillante politólogo señalaba en el 2007, habría que agregar, entre otras irregularidades que vician de nulidad las elecciones realizadas en el país desde el 2006 al 2013, las siguientes:

(a) El llamado “voto asistido” o la “sutil” coacción que sobre electores de los sectores populares ejercieron en comicios posteriores a los del 2006 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV; partido único de gobierno) con la supuesta finalidad de auxiliar a los sufragantes en el ejercicio de un derecho conceptuado como “secreto”;

(b) La violencia de los colectivos armados por el régimen contra los electores en centros de votación notoriamente inclinados hacia los candidatos opositores;

(c) La utilización de vehículos de las “fuerzas armadas bolivarianas” para trasladar votantes, previamente identificados en listas como militantes y simpatizantes del PSUV, o inclinados a votar por los candidatos del régimen por temor a perder sus empleos o una beca, un auxilio económico, a los centros de votación correspondientes;

(d) La expulsión por la fuerza de testigos de la oposición en determinados centros de votación;

(e) La modificación de las circunscripciones electorales en las elecciones parlamentarias con la finalidad de obtener mayor número de diputados con menor número de votos.[7]

Y a pesar de todo ese cúmulo de irregularidades, a las que debe adicionar la notoria, burda y grosera parcialidad del organismo electoral hacia los candidatos del régimen, el tal Consejo Nacional Electoral, llamado con razón “ministerio de elecciones”, como también la del “Plan República” o la función de las fuerzas armadas como garante de la seguridad del proceso electoral: de los votantes, testigos de mesa, y del material electoral; sin embargo, la oposición democrática, más bien, la resistencia democrática al régimen castro-chavista (hoy Castro-madurista) no ha dejado de obtener menos de aproximadamente el 40% de los votos válidos en la totalidad de los procesos electorales efectuados en estos 15 años del “neoautoritarismo militarista” de vocación totalitaria.

Por esa razón, no tengo la menor duda de que algunos de los principios que rigen los procesos electorales según el Artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009): democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, celeridad, eficiencia, son letra muerta.

2) La legitimidad de desempeño, de actuación, o también axiológica del poder estatal[8] (Gobierno, en su sentido lato)
Esta modalidad de legitimidad remite al grado de reconocimiento, respeto, garantía y efectivo ejercicio de las libertades que caracterizan a la democracia desde el punto de vista axiológico: libertad personal (ambulatoria), de pensamiento (conciencia), expresión, opinión, información (prensa, radio, televisión, medios de internet, libres y plurales), de empresa, trabajo, oficio, arte y profesión, de asociación con fines lícitos, de culto, de estilos de vida personal, inviolabilidad del hogar y la correspondencia, libertad para entrar y salir del territorio nacional, para cambiar de residencia en cualquier lugar del territorio nacional, etc.

Y también al ejercicio del poder con sujeción Estado de Derecho como lo consagra la Carta Democrática Interamericana, es decir, el efectivo cumplimiento de los principios de organización y funcionamiento de ese modelo de Estado: separación de poderes, sujeción de las autoridades estatales a la Constitución y las leyes, control de la constitucionalidad, legalidad y legitimidad de los actos estatales por un Poder Judicial autónomo, independiente e imparcial.

Otro requisito axiológico fundamental de la democracia es la “visibilidad” del poder del Estado, lo que Bobbio denomina el “poder en público” para indicar el conjunto de medios y procedimientos institucionales que obligan a los gobernantes a actuar conforme al principio de la “transparencia”[9], o lo que el tantas veces citado autor expresa como “…tomar sus decisiones a la luz del día”[10] para permitir a los gobernados “ver cómo y donde se toman dichas decisiones”[11].

Con la evolución de la democracia directa a la representativa (de la democracia de los antiguos a la moderna) “…desaparece la plaza, más no la exigencia de la visibilidad del poder que se satisface de otra manera: con la publicidad de las sesiones del Parlamento, con la formación de una opinión pública”[12] mediante el ejercicio efectivo de la libertad de información, comunicación y opinión (expresión), lo que implica, en estos tiempos, la existencia de un sistema plural y libre de medios de comunicación social escritos, radiales y audiovisuales y electrónicos (prensa, radio, televisión, Internet, redes sociales) que permitan que los gobernantes informen sobre las acciones y decisiones del Estado, y a los políticos opositores y ciudadanos en general no sólo conocer oportunamente las decisiones de políticas públicas que puedan afectar a la sociedad, sino evaluarlas y criticarlas sin temor de censura previa o de represión por sus opiniones: los delitos de opinión que caracterizan a los regímenes dictatoriales.

Uno de los rasgos del poder es, como lo señala, Bobbio su irresistible tendencia a ocultarse, a no hacerse visible (secreto de Estado). En consecuencia, para evitar esa tendencia y garantizar que el poder sea visible, un auténtico poder “democrático”, un poder en público, se requiere necesariamente de un público activo, informado, consciente de sus derechos, aquel público “…cuya historia, desde su nacimiento en la edad de las luces hasta su posterior desarrollo, ha reconstruido Jürgen Habermas en una obra muy conocida y discutida; al público en el sentido utilizado por Kant, en un célebre escrito sobre la Ilustración cuando hablaba de los derechos y deberes que tienen los filósofos de ‘hacer uso público de la propia razón’”[13].

Es conveniente aclarar, y así lo hace Bobbio, que el monarca absoluto, el autócrata, el dictador moderno (Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Castro, Chávez Frías) se presenta en público, ya que necesita mostrar claras señales de su propio poderío. Pero, el público ante el cual se presenta el dictador populista es “…una multitud anónima, indistinta, llamada a escuchar y aclamar; no a expresar una opinión, sino a cumplir un acto de fe. A esta visibilidad meramente exterior del señor de la vida y la muerte de sus propios súbditos debe corresponder la opacidad de las decisiones de las cuales dependen la vida y la muerte de éstos”[14].

Bobbio al referirse al señor de la vida y la muerte de sus propios súbditos tiene en mente a los tiranos sangrientos de la antigüedad y de la modernidad, por ejemplo, Nerón, Calígula, Stalin, Mao, Hitler, Castro, pues los ha habido, aquellos como Fujimori y Chávez-Frías, que no pueden ser calificados con esa radical connotación de un poder tal capaz de decidir sobre la vida y la muerte, pero si sobre la libertad de sus oponentes, y sobre la preservación de empleos, becas y ventajas del régimen populista para quienes asistan a los actos organizados para escuchar y aclamar al líder de la “revolución”.

Y también la historia conoce de dictadores que no necesitaron ser aclamados por multitudes; que, por el contrario, hicieron de la invisibilidad, el mutismo y el secreto el rasgo dominante de su poderío por el terror y el temor que inspiraba en próximos y lejanos el no saber a qué atenerse respecto de sus vidas, bienes y libertad, tal el caso de Stalin y su dictadura totalitaria (1922-1953: Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Defensa), Juan Vicente Gómez (1908- 1935, varias veces Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército en los 27 años de su férrea dictadura en Venezuela) y de Francisco Franco en España ( Jefe del Estado 1939- 1975: 36 años).

En suma, la democracia podría ser definida como aquel régimen político “…en el cual las últimas fortalezas del poder invisible han sido expugnadas y el poder, al igual que la naturaleza, ya no tiene secretos para el hombre”[15]; sin embargo, como lo reconoce Bobbio, ese ideal es inalcanzable, pues ocultarse forma parte de la esencia misma del poder.

Ahora bien, lo que caracteriza al poder democrático o “poder en público” no es la ausencia absoluta del secreto y la invisibilidad, sino el sistema de controles institucionales y de la opinión pública que limitan e impiden que los gobernantes logren ocultarse totalmente de la vista y oídos de los ciudadanos que conforman ese público activo al que alude Bobbio.

El “poder en público” requiere un ámbito institucional o formal: la existencia de un Parlamento pluralista donde no sólo se debata en el proceso de formación de las leyes, sino que, asimismo, sirva de escenario para la discusión de los más graves problemas del Estado y la sociedad nacional.

Podría calificarse al Parlamento como la “Casa de la democracia”, así como a las universidades se les denomina “Casa de Estudios”. Sin un Parlamento con esas características, lo que supone el pluralismo político y la alternabilidad en el poder, no puede hablarse de democracia, ya que en los sistemas dictatoriales y totalitarios existen organismos parlamentarios (asambleas usualmente unicamerales) que en absoluto representan a una sociedad plural y libre, son meras entidades que realizan una función formal y que están controladas por el Partido de Estado (el Partido Nazi en la Alemania nacionalsocialista, el Partido Comunista en la URSS, en Cuba).

En Venezuela desde hace 15 años la mayoría de los diputados de la llamada Asamblea Nacional, piezas del PSUV, partido único de “Estado”, forman parte de la “secta destructiva”. Presidido por un militar que carece del más mínimo conocimiento de las normas y procedimientos parlamentarios, dirige a dicha Asamblea como si fuere un cuartel, impide a los diputados de la “oposición” hacer uso del derecho de palabra, y celebra las agresiones físicas que han sufrido algunos de ellos por parte de diputados oficialistas especialmente adiestrados para ello. Esa Asamblea es la antítesis de la “Casa de la Democracia”.

Y es que a las estrategias del poder autocrático pertenecen no sólo “…el no decir, sino también el decir en falso, además del silencio, la mentira. Cuando se ve obligado a hablar, el autócrata puede servirse de la palabra no para manifestar en público sus intenciones reales, sino para esconderlas. Puede hacerlo tanto más impunemente cuanto menos sean los medios que sus súbditos tengan a su disposición para verificar la veracidad de lo dicho. La máxima según la cual al soberano le es lícito mentir pertenece a los preceptos de los teóricos de la razón de Estado”[16].

Olvida Bobbio que un dictador totalitario como Hitler jamás ocultó sus verdaderas intenciones, incluso antes de asumir el poder y controlar la totalidad de la organización institucional del Estado alemán, el Fhürer publicó su conocido libro “Mi Lucha” (1925)[17] en el que expuso su plan para preservar la “pureza” de la raza aria exterminando a la comunidad judía de Alemania y del resto de Europa. En cambio, tanto Fidel castro como Hugo Chávez si ocultaron sus reales intenciones antes de asumir el poder y durante un breve tiempo mientras lograban el control total del Estado.


…………………………………………………..

Referencias: 

[1] El discurso del poder está conformado por las declaraciones escritas y orales de quienes invisten los órganos superiores de los diferentes poderes públicos, en especial el Gobierno o Poder Ejecutivo. En una forma de gobierno presidencialista, el Presidente de la República. Ese discurso puede ser engañoso, falso, mentiroso; en una palabra, un discurso demagógico destinado a ocultar la realidad de la naturaleza de las relaciones de poder: mientras se proclama la democracia y la garantía de los derechos humanos, en la práctica puede que se trata de un régimen autoritario que viola los derechos y garantías formalmente establecidos en la Constitución política del Estado.
[2] Bobbio, Norberto (2010) El Futuro de la Democracia. SL. Fondo de Cultura Económica de España. España, p.46
[3] La legitimidad de origen se vincula con la modalidad o forma como la titularidad de los órganos del Estado es objeto de la “investidura” o procedimiento mediante el cual determinadas personas físicas se posesionan de esos órganos, y por tanto, de las facultades: poderes de actuación, que la ley atribuye a los mismos. En los Estados democráticos de Derecho dos son esas modalidades: la elección popular, o la designación mediante un acto de gobierno o administrativo por una autoridad superior. En cualquier caso, no basta con la proclamación de la entidad electoral o la declaración como vencedor en la contienda electoral de un determinado candidato, como tampoco el solo acto de designación o nombramiento por parte de una autoridad superior, pues en ambos supuestos se requiere la toma de posesión efectiva del cargo mediante el juramento de ley y su constancia formal en documento escrito.
[4] La elección de esos poderes depende de la forma del Gobierno. En los sistemas presidencialistas democráticos se elige al Presidente de la República (y al Vicepresidente en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica) y a los representantes del órgano legislativo, usualmente llamado Congreso compuesto de dos cámaras y demás poderes ejecutivos y legislativos conforme a la forma de Estado: unitario descentralizado o federal. En los sistemas parlamentarios por ser el Parlamento la institución fundamental del Estado, la elección más trascendente se realiza para la escogencia de los representantes a las cámaras legislativas. En Alemania e Italia, repúblicas parlamentarias, el Presidente de la República es electo por el Parlamento, por tanto, en segundo grado por el cuerpo electoral.
[5]Emilio Nouel escribe al respecto: “El llamado “socialismo del Siglo XXI, que ha sido propulsado desde Venezuela, es una muestra patente de un tipo de régimen político autocrático con vocación totalitaria, cuya conducta va a contrapelo de los principios de la democracia representativa establecida como modelo en los distintos instrumentos jurídicos internacionales vigentes en el hemisferio, a pesar de que se presenta con ropaje democrático”. Emilio, Nouel (2014) La Cláusula Democrática. Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Caracas, p. 27.
[6] Mires, Fernando. (2007). Al borde del abismo. DEBATE. Caracas, pp. 17-18
[7]En el Artículo 215 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se establece que la elección será nula: “2. Cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o violencia, en la formación del Registro Electoral, en las votaciones o en los escrutinios y dichos vicios afecten el resultado de la elección de que se trate”. Lamentablemente y a pasar de las contundentes pruebas de los vicios a que refiere el mencionado dispositivo legal en la mayoría de los procesos comiciales desde el 2006 al 2013, la llamada “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD), integrada fundamentalmente por los “partidos de oposición”, nada ha hecho para desenmascarar el absoluto control del régimen castro-chavista, hoy castro-madurista, sobre el sistema electoral. Por el contrario, algunos de los “dirigentes” de la susodicha Mesa se han indignado públicamente contra las personas que hemos denunciado fraude, cohecho, violencia, al menos en las elecciones presidenciales de octubre de 2012 y abril de 2013. En ésta última, el candidato de la oposición, Henrique Capriles, denunció fraude en su contra al saberse los resultados emitidos por la jefa chavista del “ministerio de elecciones” (Tibisay Lucena). Incluso el pacifista y prudentísimo Capriles osó no reconocer como Presidente al Ilegítimo Maduro. Se intentaron dos recursos contecioso-admnistrativos para impugnar esas elecciones, que por supuesto no fueron ni tramitados ni decididos por eso que llaman “Tribunal Supremo de Justicia”.
[8]En otro artículo de mi autoría publicado en esta misma página web, soberanía. org, me refiero a tema de la Legitimidad de desempeño y la legitimidad social: “El que una mayoría acepte y consienta la violación a los derechos humanos y a los principios de organización del Estado democrático de Derecho, no cambia el hecho de la pérdida de legitimidad axiológica del gobierno y el régimen político. El régimen podrá contar con legitimidad social, pero ya no será una democracia sustancial, un Estado democrático de derechos humanos. Se tratará, en ese caso, de un régimen autoritario consentido por la mayoría por la vía del voto y la aceptación del abuso de poder y la arbitrariedad, de la violación sistemática a los valores y principios de la democracia sustancial. En ese sentido, pues, y a la luz de tales valores, carece de relevancia que el régimen alegue la popularidad de su líder para pretender justificar el autoritarismo y el atropello a los derechos humanos. Al final, como ocurrió luego de la caída del régimen nacionalsocialista alemán, a las mayorías que apoyaron las actuaciones aberrantes de los gobernantes autoritarios no les queda otra opción que el oprobio y la vergüenza (el arrepentimiento), aunque esgriman a su favor que fueron “engañados” y “manipulados” por el líder”.   
[9] En el Artículo 141 de la Constitución Nacional (formal) se establece que la Administración Pública, organización fundamental del Estado y del Gobierno “…está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. 
[10] Bobbio, Teoría General de la Política (2003). Trotta. España p. 418.
[11] IBÍDEM, p. 418.
[12] IBÍDEM, p. 418.
[13] IBÍDEM, p. 419.
[14] IBÍDEM, p. 419.
[15] IBÍDEM; p. 420.
[16] IBÍDEM, p. 420.
[17] El libro fue redactado por Hitler cuando estaba en la prisión de Landsberg en el verano de 1924, luego de ser condenado a una levísima pena (5 años de prisión, al igual que Hugo Chávez Frías cuya causa fue sobreseída incomprensiblemente por el Ex Presidente Caldera) por su participación en el fallido golpe de Estado de Múnich. Transcribo a continuación unos párrafos de ese libro que demuestran la intención del futuro Genocida: “EL HONOR POR LA RAZA. El Estado racista habrá cumplido su papel supremo de formador y educador cuando haya grabado en el corazón de la juventud que le ha sido confiada el espíritu y el sentimiento de la raza. Es necesario que ni un solo joven o una sola joven puedan abandonar la escuela sin estar plenamente instruidos en la pureza de la sangre y en la necesidad absoluta de mantenerla pura. Juzgamos que hasta hoy la civilización humana, todas las realizaciones del arte, de la ciencia y la técnica, son casi exclusivamente frutos del genio creador del ario. Lo que permite recíprocamente concluir que él es el único fundador de una humanidad superior y por consiguiente representa al prototipo que entendemos por la palabra “hombre”…La existencia de tipos humanos inferiores ha sido siempre una condición previa esencial para la formación de civilizaciones superiores…Las primeras civilizaciones nacieron donde el ario encontró razas inferiores, las sometió y plegó a su voluntad… Desde que los pueblos siervos comenzaron a elevarse y a aproximarse al conquistador, adoptando su lengua, la barrera que separaba dueño y esclavo cayó. El ario renunció a la pureza de su sangre y perdió poco a poco su facultad creadora de civilización. La mezcla de sangres, con el descenso del nivel racial que provoca, es la única causa de la decadencia de las civilizaciones del pasadas…El judío en lo que concierne a la civilización, contamina el arte y la literatura, envilece los sentimientos naturales, oscurece todos los conceptos de belleza, dignidad…Habría sido extremamente fácil sobreponerse a las derrotas militares de agosto de 1918…Si se hubiese, al comienzo de la guerra, sometido de una sola vez a doce o quince mil de estos judíos corruptores del pueblo a los gases tóxicos, centenares de millares de nuestros mejores trabajadores alemanes hubiesen sobrevivido en el frente, y el sacrificio de varios millones no hubiese sido en vano”.En http://nslserver.com/Buecher/FremdeSprachen/Hitler,%2520Adolf%2520%2520Mein%2520Kampf%25. Adolf Hitler. Mi Lucha. Primera Edición electrónica, 2003.Jusego-Chile.

Las diferencias entre las democracias y las dictaduras / ON 04/11/2014 AT 10:30 AM / Tanto Fidel Castro como Hugo Chávez si ocultaron sus reales intenciones antes de asumir el poder y durante un breve tiempo mientras lograban el control total del Estado. Los requisitos esenciales para calificar a un régimen político como democrático: las diferencias sustantivas entre las democracias y las dictaduras Henrique Meier / “La democracia perfecta no puede existir o, de hecho no ha existido nunca”, Norberto Bobbio Para calificar como democracia a un régimen político, lo que incluye al Estado, el gobierno, las instituciones políticas y la sociedad, se requiere la existencia real, efectiva, no meramente formal, de unos elementos básicos o mínimos. Según Bobbio esos requisitos, prescindiendo de la axiología constitucional formal y del discurso del poder[1], son los siguientes, a saber: “…garantía de los principales derechos de libertad, existencia de varios partidos en competencia, elecciones periódicas y sufragio universal, decisiones colectivas concertadas (en las democracias coasociativas o en el sistema neocorporativo) o tomadas con base en el principio de mayoría, de cualquier manera siempre después del debate libre entre las partes o entre los aliados de una determinada coalición de gobierno. Existen democracias más sólidas, o menos sólidas, más vulnerables o menos vulnerables, hay diversos grados de aproximación al modelo liberal, pero aun la más alejada del modelo no puede ser de ninguna manera confundida con un Estado autocrático y mucho menos con uno totalitario”[2]. Por su parte, la Carta Democrática Interamericana, suscrita por los Estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) el 11 de septiembre de 2001, expresa los elementos mínimos de la “democracia representativa”, que coinciden con el planteamiento de Bobbio: “…son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, justas y libres basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos”(Art.3) Actualmente, y como lo establece implícitamente el citado artículo de la Carta Democrática Interamericana, se diferencia a los regímenes autoritarios de los democráticos conforme a dos categorías de legitimidad: 1) La “legitimidad de origen” Como lo indica el vocablo, la forma cómo las autoridades fundamentales del Estado asumen la titularidad del poder estatal, diferencian a las democracias de los sistemas autoritarios (dictaduras, totalitarismos)[3]. En los regímenes políticos democráticos el acceso a tal poder (poderes públicos) debe realizarse mediante la elección de los poderes ejecutivos y legislativos o deliberantes[4] por parte del cuerpo electoral de la nación y demás entidades político-territoriales (ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos: consulta popular) de acuerdo a normas, sistemas y procedimientos que garanticen elecciones libres, imparciales y justas, y por tanto, el principio de la alternabilidad en el poder en la conformación institucional del Estado. Por el contrario, en los sistemas autoritarios: dictaduras, totalitarismos, la asunción, ejercicio y control del poder se lleva a cabo generalmente empleando la coacción y la violencia en sus diversas formas: golpes de Estado, usualmente protagonizados por militares, por ejemplo, el Golpe de 1948 en Venezuela ejecutado por Pérez Jiménez, Llovera Páez y Delgado Chalbaud, el de Pinochet en Chile en 1973; revoluciones armadas, tales como la Revolución bolchevique en Rusia en 1917 y la Revolución cubana en 1959; la inculcación ideológica por medio del lavado de cerebro controlando el sistema educativo y los medios de comunicación social; la represión, el terrorismo estatal, para la consolidación y conservación del poder criminalizando la disidencia, encarcelando y torturando a los disidentes (campos de concentración y exterminio). Una dictadura puede “aparentar” legitimidad democrática de origen convocando en forma periódica la consulta popular, pero impidiendo que esa consulta la dirija una entidad o tribunal electoral autónomo, imparcial e independiente, y plagando los procedimientos e instituciones electorales de vicios inocultables para manipular a su favor la supuesta “voluntad popular”: registros electorales fraudulentos, amenazas de despido a los funcionarios públicos que voten por la “oposición”, amenazas de una guerra civil si la “oposición” obtiene la mayoría de los sufragios, movilización de los recursos del poder a favor de los candidatos oficialistas, manipulación de encuestas, etc. Tal el caso de la Venezuela de estos tiempos[5]. O pura y simplemente, una simulación cínica de elecciones en las que sólo participan como candidatos a los cuerpos deliberantes miembros del partido único de Estado (partido comunista), previamente seleccionados por voluntad del primer secretario de dicho partido y jefe del Estado (Cuba, por ejemplo, Art. 5 de la Constitución: “El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado…). Al respecto, Fernando Mires expresa: “No puede haber, por supuesto, democracia sin elecciones periódicas. Ese es un principio aceptado por la gran mayoría de los pensadores políticos. Pero las elecciones periódicas, por sí solas, no constituyen la democracia. Mucho menos los plebiscitos y los referendos. Plebiscitos y referendos han sido medios de los que se han valido muchas dictaduras para perpetuarse en el poder, modificando la constitución por ‘aclamación electoral’ cada vez que el jefe supremo lo considera necesario. Las elecciones pueden ser convertidas en medios de legitimación dictatorial, si es que quienes detentan el poder estatal logran apropiarse del aparato electoral. Ocurrió en Irak, ocurrió en las ‘democracias populares’ de Europa del Este, ocurre en Siria, y hoy ocurre en Bielorrusia. En Venezuela hay muchos indicios que apuntan hacia el control gubernamental del aparto electoral… Ese control puede ocurrir y está ocurriendo en Venezuela, por medio de cuatro vías. La primera es la hegemonía comunicacional, propiciada entre otros, por el Ministro Andrés Izarra. En buen español, eso significa, control estatal de los medios de comunicación. La segunda vía es tecnológica: la utilización de máquinas ‘captahuellas’ en el acto del voto. Ese procedimiento amedrenta a cualquier votante que debe mantener una familia, y teme que su voto pueda quedar registrado en algunas de las actas computacionales. La tercera vía, es la presión sobre los votantes en los centros de trabajo, incluyendo las amenazas de despido para quienes voten en contra del candidato oficial. Ese mecanismo se encuentra testificado en Venezuela en el discurso pronunciado por el Ministro de Energía, Rafael Ramírez, ante los trabajadores del petróleo poco antes de las elecciones de diciembre de 2006. Por último, el medio más falaz de todos: hacer circular listas oficiales de opositores al régimen, como ocurrió en Venezuela con la famosa lista confeccionada por el diputado oficialista Luis Tascón”[6]. A esas vías que el brillante politólogo señalaba en el 2007, habría que agregar, entre otras irregularidades que vician de nulidad las elecciones realizadas en el país desde el 2006 al 2013, las siguientes: (a) El llamado “voto asistido” o la “sutil” coacción que sobre electores de los sectores populares ejercieron en comicios posteriores a los del 2006 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV; partido único de gobierno) con la supuesta finalidad de auxiliar a los sufragantes en el ejercicio de un derecho conceptuado como “secreto”; (b) La violencia de los colectivos armados por el régimen contra los electores en centros de votación notoriamente inclinados hacia los candidatos opositores; (c) La utilización de vehículos de las “fuerzas armadas bolivarianas” para trasladar votantes, previamente identificados en listas como militantes y simpatizantes del PSUV, o inclinados a votar por los candidatos del régimen por temor a perder sus empleos o una beca, un auxilio económico, a los centros de votación correspondientes; (d) La expulsión por la fuerza de testigos de la oposición en determinados centros de votación; (e) La modificación de las circunscripciones electorales en las elecciones parlamentarias con la finalidad de obtener mayor número de diputados con menor número de votos.[7] Y a pesar de todo ese cúmulo de irregularidades, a las que debe adicionar la notoria, burda y grosera parcialidad del organismo electoral hacia los candidatos del régimen, el tal Consejo Nacional Electoral, llamado con razón “ministerio de elecciones”, como también la del “Plan República” o la función de las fuerzas armadas como garante de la seguridad del proceso electoral: de los votantes, testigos de mesa, y del material electoral; sin embargo, la oposición democrática, más bien, la resistencia democrática al régimen castro-chavista (hoy Castro-madurista) no ha dejado de obtener menos de aproximadamente el 40% de los votos válidos en la totalidad de los procesos electorales efectuados en estos 15 años del “neoautoritarismo militarista” de vocación totalitaria. Por esa razón, no tengo la menor duda de que algunos de los principios que rigen los procesos electorales según el Artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009): democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, celeridad, eficiencia, son letra muerta. 2) La legitimidad de desempeño, de actuación, o también axiológica del poder estatal[8] (Gobierno, en su sentido lato) Esta modalidad de legitimidad remite al grado de reconocimiento, respeto, garantía y efectivo ejercicio de las libertades que caracterizan a la democracia desde el punto de vista axiológico: libertad personal (ambulatoria), de pensamiento (conciencia), expresión, opinión, información (prensa, radio, televisión, medios de internet, libres y plurales), de empresa, trabajo, oficio, arte y profesión, de asociación con fines lícitos, de culto, de estilos de vida personal, inviolabilidad del hogar y la correspondencia, libertad para entrar y salir del territorio nacional, para cambiar de residencia en cualquier lugar del territorio nacional, etc. Y también al ejercicio del poder con sujeción Estado de Derecho como lo consagra la Carta Democrática Interamericana, es decir, el efectivo cumplimiento de los principios de organización y funcionamiento de ese modelo de Estado: separación de poderes, sujeción de las autoridades estatales a la Constitución y las leyes, control de la constitucionalidad, legalidad y legitimidad de los actos estatales por un Poder Judicial autónomo, independiente e imparcial. Otro requisito axiológico fundamental de la democracia es la “visibilidad” del poder del Estado, lo que Bobbio denomina el “poder en público” para indicar el conjunto de medios y procedimientos institucionales que obligan a los gobernantes a actuar conforme al principio de la “transparencia”[9], o lo que el tantas veces citado autor expresa como “…tomar sus decisiones a la luz del día”[10] para permitir a los gobernados “ver cómo y donde se toman dichas decisiones”[11]. Con la evolución de la democracia directa a la representativa (de la democracia de los antiguos a la moderna) “…desaparece la plaza, más no la exigencia de la visibilidad del poder que se satisface de otra manera: con la publicidad de las sesiones del Parlamento, con la formación de una opinión pública”[12] mediante el ejercicio efectivo de la libertad de información, comunicación y opinión (expresión), lo que implica, en estos tiempos, la existencia de un sistema plural y libre de medios de comunicación social escritos, radiales y audiovisuales y electrónicos (prensa, radio, televisión, Internet, redes sociales) que permitan que los gobernantes informen sobre las acciones y decisiones del Estado, y a los políticos opositores y ciudadanos en general no sólo conocer oportunamente las decisiones de políticas públicas que puedan afectar a la sociedad, sino evaluarlas y criticarlas sin temor de censura previa o de represión por sus opiniones: los delitos de opinión que caracterizan a los regímenes dictatoriales. Uno de los rasgos del poder es, como lo señala, Bobbio su irresistible tendencia a ocultarse, a no hacerse visible (secreto de Estado). En consecuencia, para evitar esa tendencia y garantizar que el poder sea visible, un auténtico poder “democrático”, un poder en público, se requiere necesariamente de un público activo, informado, consciente de sus derechos, aquel público “…cuya historia, desde su nacimiento en la edad de las luces hasta su posterior desarrollo, ha reconstruido Jürgen Habermas en una obra muy conocida y discutida; al público en el sentido utilizado por Kant, en un célebre escrito sobre la Ilustración cuando hablaba de los derechos y deberes que tienen los filósofos de ‘hacer uso público de la propia razón’”[13]. Es conveniente aclarar, y así lo hace Bobbio, que el monarca absoluto, el autócrata, el dictador moderno (Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Castro, Chávez Frías) se presenta en público, ya que necesita mostrar claras señales de su propio poderío. Pero, el público ante el cual se presenta el dictador populista es “…una multitud anónima, indistinta, llamada a escuchar y aclamar; no a expresar una opinión, sino a cumplir un acto de fe. A esta visibilidad meramente exterior del señor de la vida y la muerte de sus propios súbditos debe corresponder la opacidad de las decisiones de las cuales dependen la vida y la muerte de éstos”[14]. Bobbio al referirse al señor de la vida y la muerte de sus propios súbditos tiene en mente a los tiranos sangrientos de la antigüedad y de la modernidad, por ejemplo, Nerón, Calígula, Stalin, Mao, Hitler, Castro, pues los ha habido, aquellos como Fujimori y Chávez-Frías, que no pueden ser calificados con esa radical connotación de un poder tal capaz de decidir sobre la vida y la muerte, pero si sobre la libertad de sus oponentes, y sobre la preservación de empleos, becas y ventajas del régimen populista para quienes asistan a los actos organizados para escuchar y aclamar al líder de la “revolución”. Y también la historia conoce de dictadores que no necesitaron ser aclamados por multitudes; que, por el contrario, hicieron de la invisibilidad, el mutismo y el secreto el rasgo dominante de su poderío por el terror y el temor que inspiraba en próximos y lejanos el no saber a qué atenerse respecto de sus vidas, bienes y libertad, tal el caso de Stalin y su dictadura totalitaria (1922-1953: Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Defensa), Juan Vicente Gómez (1908- 1935, varias veces Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército en los 27 años de su férrea dictadura en Venezuela) y de Francisco Franco en España ( Jefe del Estado 1939- 1975: 36 años). En suma, la democracia podría ser definida como aquel régimen político “…en el cual las últimas fortalezas del poder invisible han sido expugnadas y el poder, al igual que la naturaleza, ya no tiene secretos para el hombre”[15]; sin embargo, como lo reconoce Bobbio, ese ideal es inalcanzable, pues ocultarse forma parte de la esencia misma del poder. Ahora bien, lo que caracteriza al poder democrático o “poder en público” no es la ausencia absoluta del secreto y la invisibilidad, sino el sistema de controles institucionales y de la opinión pública que limitan e impiden que los gobernantes logren ocultarse totalmente de la vista y oídos de los ciudadanos que conforman ese público activo al que alude Bobbio. El “poder en público” requiere un ámbito institucional o formal: la existencia de un Parlamento pluralista donde no sólo se debata en el proceso de formación de las leyes, sino que, asimismo, sirva de escenario para la discusión de los más graves problemas del Estado y la sociedad nacional. Podría calificarse al Parlamento como la “Casa de la democracia”, así como a las universidades se les denomina “Casa de Estudios”. Sin un Parlamento con esas características, lo que supone el pluralismo político y la alternabilidad en el poder, no puede hablarse de democracia, ya que en los sistemas dictatoriales y totalitarios existen organismos parlamentarios (asambleas usualmente unicamerales) que en absoluto representan a una sociedad plural y libre, son meras entidades que realizan una función formal y que están controladas por el Partido de Estado (el Partido Nazi en la Alemania nacionalsocialista, el Partido Comunista en la URSS, en Cuba). En Venezuela desde hace 15 años la mayoría de los diputados de la llamada Asamblea Nacional, piezas del PSUV, partido único de “Estado”, forman parte de la “secta destructiva”. Presidido por un militar que carece del más mínimo conocimiento de las normas y procedimientos parlamentarios, dirige a dicha Asamblea como si fuere un cuartel, impide a los diputados de la “oposición” hacer uso del derecho de palabra, y celebra las agresiones físicas que han sufrido algunos de ellos por parte de diputados oficialistas especialmente adiestrados para ello. Esa Asamblea es la antítesis de la “Casa de la Democracia”. Y es que a las estrategias del poder autocrático pertenecen no sólo “…el no decir, sino también el decir en falso, además del silencio, la mentira. Cuando se ve obligado a hablar, el autócrata puede servirse de la palabra no para manifestar en público sus intenciones reales, sino para esconderlas. Puede hacerlo tanto más impunemente cuanto menos sean los medios que sus súbditos tengan a su disposición para verificar la veracidad de lo dicho. La máxima según la cual al soberano le es lícito mentir pertenece a los preceptos de los teóricos de la razón de Estado”[16]. Olvida Bobbio que un dictador totalitario como Hitler jamás ocultó sus verdaderas intenciones, incluso antes de asumir el poder y controlar la totalidad de la organización institucional del Estado alemán, el Fhürer publicó su conocido libro “Mi Lucha” (1925)[17] en el que expuso su plan para preservar la “pureza” de la raza aria exterminando a la comunidad judía de Alemania y del resto de Europa. En cambio, tanto Fidel castro como Hugo Chávez si ocultaron sus reales intenciones antes de asumir el poder y durante un breve tiempo mientras lograban el control total del Estado. ………………………………………………….. Referencias: [1] El discurso del poder está conformado por las declaraciones escritas y orales de quienes invisten los órganos superiores de los diferentes poderes públicos, en especial el Gobierno o Poder Ejecutivo. En una forma de gobierno presidencialista, el Presidente de la República. Ese discurso puede ser engañoso, falso, mentiroso; en una palabra, un discurso demagógico destinado a ocultar la realidad de la naturaleza de las relaciones de poder: mientras se proclama la democracia y la garantía de los derechos humanos, en la práctica puede que se trata de un régimen autoritario que viola los derechos y garantías formalmente establecidos en la Constitución política del Estado. [2] Bobbio, Norberto (2010) El Futuro de la Democracia. SL. Fondo de Cultura Económica de España. España, p.46 [3] La legitimidad de origen se vincula con la modalidad o forma como la titularidad de los órganos del Estado es objeto de la “investidura” o procedimiento mediante el cual determinadas personas físicas se posesionan de esos órganos, y por tanto, de las facultades: poderes de actuación, que la ley atribuye a los mismos. En los Estados democráticos de Derecho dos son esas modalidades: la elección popular, o la designación mediante un acto de gobierno o administrativo por una autoridad superior. En cualquier caso, no basta con la proclamación de la entidad electoral o la declaración como vencedor en la contienda electoral de un determinado candidato, como tampoco el solo acto de designación o nombramiento por parte de una autoridad superior, pues en ambos supuestos se requiere la toma de posesión efectiva del cargo mediante el juramento de ley y su constancia formal en documento escrito. [4] La elección de esos poderes depende de la forma del Gobierno. En los sistemas presidencialistas democráticos se elige al Presidente de la República (y al Vicepresidente en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica) y a los representantes del órgano legislativo, usualmente llamado Congreso compuesto de dos cámaras y demás poderes ejecutivos y legislativos conforme a la forma de Estado: unitario descentralizado o federal. En los sistemas parlamentarios por ser el Parlamento la institución fundamental del Estado, la elección más trascendente se realiza para la escogencia de los representantes a las cámaras legislativas. En Alemania e Italia, repúblicas parlamentarias, el Presidente de la República es electo por el Parlamento, por tanto, en segundo grado por el cuerpo electoral. [5]Emilio Nouel escribe al respecto: “El llamado “socialismo del Siglo XXI, que ha sido propulsado desde Venezuela, es una muestra patente de un tipo de régimen político autocrático con vocación totalitaria, cuya conducta va a contrapelo de los principios de la democracia representativa establecida como modelo en los distintos instrumentos jurídicos internacionales vigentes en el hemisferio, a pesar de que se presenta con ropaje democrático”. Emilio, Nouel (2014) La Cláusula Democrática. Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Caracas, p. 27. [6] Mires, Fernando. (2007). Al borde del abismo. DEBATE. Caracas, pp. 17-18 [7]En el Artículo 215 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se establece que la elección será nula: “2. Cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o violencia, en la formación del Registro Electoral, en las votaciones o en los escrutinios y dichos vicios afecten el resultado de la elección de que se trate”. Lamentablemente y a pasar de las contundentes pruebas de los vicios a que refiere el mencionado dispositivo legal en la mayoría de los procesos comiciales desde el 2006 al 2013, la llamada “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD), integrada fundamentalmente por los “partidos de oposición”, nada ha hecho para desenmascarar el absoluto control del régimen castro-chavista, hoy castro-madurista, sobre el sistema electoral. Por el contrario, algunos de los “dirigentes” de la susodicha Mesa se han indignado públicamente contra las personas que hemos denunciado fraude, cohecho, violencia, al menos en las elecciones presidenciales de octubre de 2012 y abril de 2013. En ésta última, el candidato de la oposición, Henrique Capriles, denunció fraude en su contra al saberse los resultados emitidos por la jefa chavista del “ministerio de elecciones” (Tibisay Lucena). Incluso el pacifista y prudentísimo Capriles osó no reconocer como Presidente al Ilegítimo Maduro. Se intentaron dos recursos contecioso-admnistrativos para impugnar esas elecciones, que por supuesto no fueron ni tramitados ni decididos por eso que llaman “Tribunal Supremo de Justicia”. [8]En otro artículo de mi autoría publicado en esta misma página web, soberanía. org, me refiero a tema de la Legitimidad de desempeño y la legitimidad social: “El que una mayoría acepte y consienta la violación a los derechos humanos y a los principios de organización del Estado democrático de Derecho, no cambia el hecho de la pérdida de legitimidad axiológica del gobierno y el régimen político. El régimen podrá contar con legitimidad social, pero ya no será una democracia sustancial, un Estado democrático de derechos humanos. Se tratará, en ese caso, de un régimen autoritario consentido por la mayoría por la vía del voto y la aceptación del abuso de poder y la arbitrariedad, de la violación sistemática a los valores y principios de la democracia sustancial. En ese sentido, pues, y a la luz de tales valores, carece de relevancia que el régimen alegue la popularidad de su líder para pretender justificar el autoritarismo y el atropello a los derechos humanos. Al final, como ocurrió luego de la caída del régimen nacionalsocialista alemán, a las mayorías que apoyaron las actuaciones aberrantes de los gobernantes autoritarios no les queda otra opción que el oprobio y la vergüenza (el arrepentimiento), aunque esgriman a su favor que fueron “engañados” y “manipulados” por el líder”. [9] En el Artículo 141 de la Constitución Nacional (formal) se establece que la Administración Pública, organización fundamental del Estado y del Gobierno “…está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. [10] Bobbio, Teoría General de la Política (2003). Trotta. España p. 418. [11] IBÍDEM, p. 418. [12] IBÍDEM, p. 418. [13] IBÍDEM, p. 419. [14] IBÍDEM, p. 419. [15] IBÍDEM; p. 420. [16] IBÍDEM, p. 420. [17] El libro fue redactado por Hitler cuando estaba en la prisión de Landsberg en el verano de 1924, luego de ser condenado a una levísima pena (5 años de prisión, al igual que Hugo Chávez Frías cuya causa fue sobreseída incomprensiblemente por el Ex Presidente Caldera) por su participación en el fallido golpe de Estado de Múnich. Transcribo a continuación unos párrafos de ese libro que demuestran la intención del futuro Genocida: “EL HONOR POR LA RAZA. El Estado racista habrá cumplido su papel supremo de formador y educador cuando haya grabado en el corazón de la juventud que le ha sido confiada el espíritu y el sentimiento de la raza. Es necesario que ni un solo joven o una sola joven puedan abandonar la escuela sin estar plenamente instruidos en la pureza de la sangre y en la necesidad absoluta de mantenerla pura. Juzgamos que hasta hoy la civilización humana, todas las realizaciones del arte, de la ciencia y la técnica, son casi exclusivamente frutos del genio creador del ario. Lo que permite recíprocamente concluir que él es el único fundador de una humanidad superior y por consiguiente representa al prototipo que entendemos por la palabra “hombre”…La existencia de tipos humanos inferiores ha sido siempre una condición previa esencial para la formación de civilizaciones superiores…Las primeras civilizaciones nacieron donde el ario encontró razas inferiores, las sometió y plegó a su voluntad… Desde que los pueblos siervos comenzaron a elevarse y a aproximarse al conquistador, adoptando su lengua, la barrera que separaba dueño y esclavo cayó. El ario renunció a la pureza de su sangre y perdió poco a poco su facultad creadora de civilización. La mezcla de sangres, con el descenso del nivel racial que provoca, es la única causa de la decadencia de las civilizaciones del pasadas…El judío en lo que concierne a la civilización, contamina el arte y la literatura, envilece los sentimientos naturales, oscurece todos los conceptos de belleza, dignidad…Habría sido extremamente fácil sobreponerse a las derrotas militares de agosto de 1918…Si se hubiese, al comienzo de la guerra, sometido de una sola vez a doce o quince mil de estos judíos corruptores del pueblo a los gases tóxicos, centenares de millares de nuestros mejores trabajadores alemanes hubiesen sobrevivido en el frente, y el sacrificio de varios millones no hubiese sido en vano”.En http://nslserver.com/Buecher/FremdeSprachen/Hitler,%2520Adolf%2520%2520Mein%2520Kampf%25. Adolf Hitler. Mi Lucha. Primera Edición electrónica, 2003.Jusego-Chile.

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